Al defender al ministro Sacha Llorentty, el Gobierno está fijando una orientación, los métodos y los objetivos que pretende alcanzar.

Nunca se había visto una romería tan grande de ministros, como la que se movilizó el pasado miércoles para defender al titular de la cartera de Gobierno, Sacha Llorentty, sobre quien pesan una serie de cuestionamientos, sospechas y acusaciones. Antes de partir a Corea, el presidente Morales dejó dicho que no habrá cambios en el gabinete por más que se lo pidan los movimientos sociales, a los que les ha pedido no interferir en sus cosas. No se esperaba menos de sus subordinados, que a la cabeza del canciller Choquehuanca, ofrecieron una rueda de prensa para descalificar el informe presentado por el Defensor del Pueblo sobre los sucesos violentos de mayo en Caranavi, donde murieron dos campesinos, supuestamente a manos de la Policía.
Por defender la gestión de un ministro, autor de la versión sobre una “acción armada” en Caranavi que le sirvió de pretexto para ordenar una intervención policial al mejor estilo de los regímenes de facto, el Gobierno está yendo demasiado lejos, lo que implica perjudicar su imagen y seguramente ahondar las divisiones internas que se han vuelto innegables.
Sacar la cara por Llorentty le ha implicado a este Gobierno no solamente ponerse al frente de los sindicatos que han sido parte de la estructura orgánica de la administración masista, sino también entrar en conflicto con el Defensor del Pueblo y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, dos instituciones claves para un régimen que supuestamente trata de mostrar una imagen popular, respetuosa de la dignidad y apegada a los más débiles. Lo que pasó en Caranavi sólo se ha visto en las más rígidas dictaduras e ignorarlo hubiera sido para los organismos que ahora cuestionan al ministro, caer en la autodescalificación, tal como le ha estado sucediendo a otras instituciones de la república, como el Congreso, la Contraloría, el Poder Judicial y por qué no decirlo, la Policía y las Fuerzas Armadas.
El nombre de Llorentty no sólo está ligado a la represión de Caranavi, sino también al escándalo del alemán Dirk Schmidt, un pistolero con facha de mercenario que actuó por años a órdenes del Ministerio de Gobierno. Es vergonzoso cómo este hecho ha sido utilizado por un sector del Gobierno para descalificar al bando contrario y sacarlo del camino, pretendiendo que la opinión pública ignore todas las implicancias que tocan por supuesto, al actual ministro, a varios de sus subalternos, a la Policía y posiblemente también al presidente Morales, quien llegó a admitir que fue él quien ordenó el traslado de Schmidt a la cárcel de Chonchocoro. Esto lo dijo después de que el director nacional de régimen penitenciario renunció por negarse a violar la ley (el traslado sólo podía ser ordenado por un juez) por presiones de Llorentty.
Queda claro con esta actitud “orgánica” del Gobierno cuál es la orientación que se busca, los métodos gozan de la aceptación y hasta dónde se pretende llegar en el afán insaciable de acaparar el poder. Sería ingenuo pensar que no se van a producir más remezones dentro de la estructura gubernamental, sobre todo entre los que todavía creen que el proceso de cambio significa algo  muy distinto a lo que está sucediendo.

Al defender al ministro Sacha Llorentty, el Gobierno está fijando una orientación, los métodos y los objetivos que pretende alcanzar.

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