RATIO IURIS: LABORATORIO – Cayo Salinas – 13.1.2010
¿Hacia dónde va el país?,es la pregunta que la mayoría de los bolivianos se hacen.
Los que votaron por Evo y los que no lo hicieron, por igual, tienen, entre esperanza, temor, incertidumbre y expectativa, cifrados deseos de que reine un clima de paz donde se respeten los derechos individuales y se garantice la pacífica convivencia como norma de insoslayable atención por parte del Estado. En todo caso, la obligación de quien lo administra descansa en el entendimiento del deber supremo de procurar la seguridad y bienestar de la gente sin que primen aspectos de orden exógeno que atenten contra garantías y prerrogativas que en la mayoría de los casos, tienen arraigo mundial. Ahora bien, cuando se abanderó la necesidad de contar con una nueva CPE y con ella, una AC que le diera vida, fui crítico de los motivos y necesidad de ir por una vía que podría ser más peligrosa en términos de la concepción de la unidad Estado – República. Nunca creí en la AC – antes de nacer y fallecida a mitad de camino — y siempre dije que la abrogada CPE contaba con conceptos y principios susceptibles de ser rescatados y que si se quería tener escrita mayores formas de inclusión y de descentralización administrativa, bien podía haberse ido por reformas parciales a fin de evitar la forma cómo se enarboló el aniquilamiento de la República para dar curso al nacimiento del Estado Plurinacional. Sin desconocer nuestro carácter multiétnico, pluricultural y celebrando que la antigua Constitución reconocía formas de administración de justicia sobre la base de usos y costumbres, fui contrario a la constitucionalización de 36 naciones que de un plumazo eliminaron a la boliviana. ¿Cuál el propósito de agendar e imponer un texto de corte indígena con alta dosis de efervescencia racial?. La teoría y especulación e incluso, los cuentos urbanos que se tejieron en torno a buscar una respuesta, fueron múltiples. Sin embargo, días atrás, Andrés Solís Rada, otrora cercano colaborador de Evo y un radical anticapitalista, destacó en su columna las declaraciones de uno de los autores intelectuales de la inclusión de las 36 nacionalidades en la NCPE, el sociólogo portugués Boaventura de Souza Santos, quien dijo “yo he propuesto en La Paz la idea de que esta Constitución corresponde a un Estado experimental. Si estamos en un proceso de refundación, nadie tiene las recetas, todas las soluciones pueden ser perversas y, en esas circunstancias, lo mejor es experimentar”.
El mismo portugués, en Santa Cruz, en abril del 2007, dictó una conferencia titulada “La Reinvención del Estado y el Estado Plurinacional”, y en ella dijo que todo el tema pasa por “crear o refundar otro Estado”[…] “y que está aquí la idea de que la plurinacionalidad obliga, obviamente, a refundar el Estado moderno, porque el Estado moderno, […], es un Estado que tiene una sola nación, y en este momento hay que combinar diferentes conceptos de nación dentro de un mismo Estado”. En resumen, nadie pudo acertar en la respuesta a la interrogante que plantee. La verdad había sido que Bolivia está siendo utilizada como un laboratorio experimental y los bolivianos, mestizos, aymaras, quechuas y afros, como “conejillo de indias” en esta suerte de ensayo en el que se ha legalizado el que ya nadie es igual por ser, pertenecer y reconocerse diferente al otro. Así había sido urdida la actual CPE. El Estado Plurinacional sirve de experimento y laboratorio social y ¡no lo sabíamos!.
Cayo Salinas [c.salinas@cayosalinas.com]